Existe una constante de poca tolerancia en la historia del Gobierno de Venezuela, a los temas relacionados con la libertad de expresión, afirma el abogado constitucionalista, escritor y especialista en derechos humanos, Rafael Chavero Gazdik.

Chavero considera alarmante la poca importancia que da el ciudadano venezolano a "cualquier tipo de intervención estatal que implique la limitación de la libre expresión del pensamiento".

Esta preocupación lo ha llevado a escribir su más reciente libro El reino de la intolerancia, en el cual advierte acerca del peligro que corre la democracia venezolana, por la "indiferencia de los ciudadanos ante un tema tan sensible y tan importante" como el de la defensa de la libertad de expresión e información.

Al peligro que representa tener monopolizada la información o el libre tráfico de las ideas, lo que podría convertirnos en una especie de súbditos y no de ciudadanos, que van perdiendo su concepción de individuos. Lamentablemente en Venezuela no ha habido una conciencia de defensa del derecho a la libertad de expresión, como sí existe en otros ordenamientos jurídicos en donde el ciudadano de a pie ve como una de las peores ofensas estatales el que se pretenda intervenir o manipular la libre expresión del pensamiento.

¿Usted cree que el venezolano no está defendiendo su derecho a expresarse libremente?

En Venezuela hemos convivido y aceptado la imposición de censura previa tanto por vía legislativa como por la judicial; hemos visto cómo se han creado una gran cantidad de delitos que sancionan a los ciudadanos por supuestos excesos en la libertad de expresión e información, los más graves de ellos _establecidos en el Código Penal_ castigan a todo aquel que critique a un funcionario o institución del Estado. Pienso que los venezolanos no hemos aprendido a valorar la importancia del derecho a expresarnos y por eso es que simplemente acepta como una imposición más el hecho de que un presidente decida encadenar durante largas horas a todos los medios de comunicación para transmitir el más fútil o banal de los mensajes.

¿Afirma que el Estado está creando la legislación para callar a los ciudadanos y a los medios?

Sí, el Estado utiliza estrategias directas e indirectas para controlar la información, y las leyes forman parte de los mecanismos directos. Un buen ejemplo lo constituye la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Las normas de esta ley son tan amplias, tan vagas, tan abstractas y tan imprecisas que cualquier cosa podría dar lugar a multas multimillonarias y en caso de reincidencia podría causar hasta la pérdida de la concesión. En el caso de la prensa escrita el control se da a través de la persecución penal de periodistas que simplemente critiquen, denuncien o realicen periodismo de investigación. En este caso los comunicadores pueden ser sujetos a penas absurdas como las que establecen los delitos de traición a la patria, vilipendio o de incitación a delinquir. Asimismo, existen otros mecanismos directos a través de los cuales se ha vulnerado la libertad de prensa y expresión en Venezuela como lo son: la persecución e intimidación física y psicológica de los periodistas, la exigencia de la colegiación obligatoria y la pretensión de revocar la nacionalidad de periodistas o líderes de la sociedad civil. También han sido aplicadas otras formas de control oficial relacionadas con el tema de la prohibición del secreto de la fuente, el anonimato y la imposibilidad de preservar la identidad del crítico. Ese anonimato que muchas veces se convierte en la única forma de cuestionar la función pública en una sociedad donde persiste el terror o el miedo a ser sancionados por la expresión del pensamiento.

Las estrategias indirectas afectan sobre todo a los medios impresos, un buen ejemplo es la manipulación de la publicidad oficial. A través de esos mecanismos subrepticios se suele castigar económicamente a los medios que presenten denuncias, críticas del Gobierno, mientras que se suele premiar a aquel que realce más bien sus bondades, logrando un silencio sumamente peligroso y cómplice de una dirigencia mediocre o corrupta.

El riesgo es que tenemos una sociedad temerosa en donde el silencio pareciera ser la regla, donde los medios de comunicación comienzan a autocensurarse porque se ven atemorizados y prefieren evitar la denuncia de actos de corrupción o la presentación de temas polémicos. Creo que cuando se impone una legislación que castiga fuertemente la libre expresión del pensamiento, la gente comienza a tolerar cualquier tipo de arbitrariedad o atropello por parte de los dirigentes y con eso perdemos todos los ciudadanos. Al mismo tiempo eso viene acompañado con una especie de adoctrinamiento oficial donde nos van vendiendo la necesidad de un tipo de información homogénea que va calando, no sólo en los medios de comunicación públicos sino en los privados.

Lo primero que hay que hacer es concienciar al venezolano de que la libertad de expresión es indispensable para el ejercicio de la democracia y para el libre desenvolvimiento de la personalidad, para después impulsarle a luchar por su defensa. Creo que hay que hacer una gran labor en ese sentido porque cuando uno habla de estos temas a nivel ciudadano ellos piensan que es un tema entre el Gobierno y los periodistas o entre el Gobierno y los medios de comunicación, cuando la verdad es que es más de nosotros que de los medios mismos, porque ellos tarde o temprano van a terminar aceptando la versión oficial y con esto igualito van a hacer dinero, ellos no van a perder, los únicos que pierden somos los ciudadanos que nos vamos a privar de un derecho fundamental. Hoy en día vemos cómo a nadie le importa que el general Usón esté preso sencillamente porque criticó a una institución del Estado, por el castigo inhumano que se impuso a unos soldados. Esa crítica le ha valido ya varios años de cárcel. Igualmente toleramos cuando una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia impuso una censura previa al general Alfonzo Martínez, la cual le prohibía hablar de política aunque fuese con su familia, algo desproporcionado y completamente arbitrario y aun así decidimos tolerar esa situación.

Los primeros responsables tendrían que ser los que más llegan, es decir, los medios de comunicación. Ellos debieran mantener o diseñar políticas inteligentes, que toquen más de cerca al ciudadano para hacerle ver lo importante que es la libertad de expresión. Pienso que se requiere de un gran trabajo, tanto de los periodistas como de los medios de comunicación, los líderes políticos, los líderes de la sociedad civil y de toda la gente que influye en el conglomerado. Ellos deben utilizar estrategias inteligentes, con casos concretos y sencillos que le hagan ver al ciudadano común lo importante que es la libertad de expresión. Mostrarles que hoy en día puede que no se sientan afectados porque esté preso un militar opositor, pero que a lo mejor, el día de mañana podría ser su hijo, o su socio quien esté en esa situación y eso sí le va a llegar. Lo que hay es que concienciarles de que esto es un problema de todos que nos afecta en nuestro día a día.